La Policía de Investigaciones (PDI) lideró un nuevo operativo de fiscalización en el centro de Osorno, con el apoyo técnico del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) y la participación del Servicio de Impuestos Internos, la Dirección del Trabajo y la Delegación Provincial.
Los equipos fiscalizaron locales comerciales del sector de los denominados mall chinos y negocios administrados por ciudadanos ecuatorianos. En estos últimos detectaron la mayor cantidad de irregularidades tanto en trabajadores como en empleadores.
Durante el despliegue, las instituciones fiscalizaron a 69 personas: 22 venezolanas, 19 chinas, nueve chilenas, cinco haitianas, cinco colombianas, cinco ecuatorianas, dos bolivianas, una cubana y una portuguesa.
Ocho personas fueron denunciadas
El operativo terminó con ocho denuncias por infracciones a la Ley de Migración y Extranjería. Siete correspondieron a ciudadanos venezolanos y una a una persona haitiana.
Los fiscalizadores detectaron casos de ingreso por paso no habilitado, trabajo remunerado sin autorización y un delito flagrante.
Además, el procedimiento permitió detener a una persona. Otra mantenía vigente una medida de expulsión y una tercera recibió la notificación del inicio de su proceso de expulsión.
Trabajo coordinado en Osorno
La directora regional del Servicio Nacional de Migraciones destacó el trabajo conjunto entre las instituciones del Estado.
“En este operativo conjunto también fue detenida una persona, otra mantenía vigente una medida de expulsión y una tercera fue notificada de su proceso de expulsión. La coordinación entre las distintas instituciones nos permite fortalecer estas fiscalizaciones y avanzar hacia una migración ordenada, segura y regular”.
Continuarán las fiscalizaciones
Las instituciones participantes han intensificado estos operativos durante 2026 como parte de las nuevas directrices impulsadas por el Gobierno desde marzo.
Tras el operativo en Osorno, el SERMIG reafirmó que continuará colaborando en estos despliegues junto a las instituciones competentes para fortalecer el cumplimiento de la legislación migratoria y resguardar el orden público en la región de Los Lagos.
