Tercer vuelo de expulsión refuerza el control migratorio
El Gobierno concretó este domingo 24 de mayo un nuevo vuelo de expulsiones de personas extranjeras con resoluciones vigentes. Se trata del tercer operativo de este tipo realizado desde el 11 de marzo y del primero operado mediante una aerolínea comercial.
La operación permitió trasladar a 80 personas expulsadas desde Chile. Del total, 60 correspondían a expulsiones administrativas y 20 a expulsiones judiciales.
El vuelo tuvo como destinos Bolivia y Colombia. Un grupo de personas desembarcó en territorio boliviano, mientras que el resto continuó viaje hasta Bogotá.
Con este operativo, las expulsiones materializadas desde el inicio del actual gobierno alcanzan las 484 personas.
Primer vuelo comercial para ejecutar expulsiones
El subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó que esta es la primera vez que se utiliza una aerolínea comercial para ejecutar un vuelo completo de expulsión.
La autoridad explicó que esta modalidad permite aumentar la capacidad operativa del Estado y complementar los vuelos realizados por la Fuerza Aérea de Chile.
Asimismo, señaló que durante los primeros 40 días de gobierno se han concretado tres vuelos de expulsión con destino a distintos países de la región.
Expulsiones incluyen personas condenadas por delitos graves
Entre las personas expulsadas se encontraban ciudadanos extranjeros que habían cumplido condenas por delitos de alta connotación pública.
Uno de los casos corresponde a una persona condenada por extorsión, mientras que otro registraba una condena por homicidio simple.
Las autoridades señalaron que estos antecedentes reflejan que los operativos consideran tanto infracciones a la normativa migratoria como expulsiones derivadas de condenas judiciales.
Más de 780 expulsiones durante 2026
El director nacional del Servicio Nacional de Migraciones, Frank Sauerbaum, informó que durante 2026 se han registrado 683 expulsiones administrativas y 97 expulsiones judiciales.
Estas cifras suman un total de 780 expulsiones ejecutadas durante el presente año.
Además, destacó que las salidas voluntarias efectivas alcanzan las 2.446 personas, superando las 1.442 registradas en el mismo período del año anterior.
Disminuyen los ingresos clandestinos y las reconducciones
El director nacional también destacó una disminución significativa en los ingresos clandestinos al país.
Según informó, este año se registran 4.324 ingresos irregulares, cifra considerablemente menor a los 18.403 contabilizados durante 2022 en igual período.
Las reconducciones también presentan una baja. Actualmente suman 678 casos, mientras que en la misma fecha de 2025 alcanzaban las 1.404.
De acuerdo con la autoridad, estos resultados reflejan el impacto de las medidas de control implementadas en las zonas fronterizas.
Delitos asociados a parte de los expulsados
Entre las personas sujetas a expulsión judicial se encontraban extranjeros condenados por delitos graves.
Los antecedentes incluyen tráfico ilícito de drogas, robo con violencia, robo por intimidación, receptación de vehículos motorizados, conducción indebida y delitos de carácter sexual.
Las autoridades indicaron que estos casos constituyen una prioridad dentro de los procedimientos de expulsión ejecutados por el Estado.
Operativo coordinado entre distintas instituciones
El prefecto inspector Víctor Hernández León informó que el vuelo despegó desde Santiago con escala en Iquique.
La operación trasladó a ciudadanos de distintas nacionalidades y contó con el acompañamiento de personal especializado de la Policía de Investigaciones.
El procedimiento fue coordinado por el Ministerio del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones y la Policía de Investigaciones de Chile.
Además, requirió gestiones diplomáticas, aeroportuarias y logísticas para garantizar el traslado seguro de las personas expulsadas.
Gobierno reafirma política migratoria ordenada y segura
Este vuelo corresponde al tercer operativo realizado en poco más de un mes. Los destinos de las expulsiones efectuadas durante este período incluyen Bolivia, Colombia, Ecuador, República Dominicana y Haití.
Con estas acciones, el Gobierno busca fortalecer la capacidad del Estado para ejecutar resoluciones vigentes, reforzar el cumplimiento de la ley y avanzar en una migración ordenada, regular y segura.