Visita a Valparaíso
El director nacional Frank Sauerbaum, visitó la región de Valparaíso para sostener distintos encuentros en la capital regional. Sauerbaum, se reunió con autoridades locales, SEREMIs, policías y el delegado presidencial regional, Manuel Millones, en la Mesa de Seguridad. Además, la autoridad máxima del SERMIG, visitó el puerto de Valparaíso para conocer el proceso de fiscalización portuaria que realizan las autoridades de la Policía Marítima y la PDI. Finalmente, asistió a la dirección regional del SERMIG, donde presentó al personal las medidas del Plan de Abandono Voluntario y la salida excepcional de venezolanos tras el terremoto del pasado 24 de junio en las ciudades de Caracas y La Guaira.
La región de Valparaíso es la tercera con mayor población migrante del país y también lidera las fiscalizaciones realizadas por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) durante este año. En conversación con El Mercurio de Valparaíso, su director nacional, Frank Sauerbaum, explica cómo ha cambiado el fenómeno del ingreso irregular, detalla las medidas adoptadas tras el caso delos menores haitianos y analiza el avance de la política de expulsiones.
¿Cuál es hoy el diagnóstico que maneja el Servicio Nacional de Migraciones respecto de la situación migratoria en la Región de Valparaíso?
La Región de Valparaíso es la tercera región del país con mayor cantidad de personas migrantes. Es una zona muy activa para el Servicio Nacional de Migraciones, no sólo en la prestación de los servicios que nos corresponde entregar, sino también en materia de fiscalización.
De hecho, es la región donde más fiscalizaciones hemos realizado durante este año, principalmente para controlara quienes contratan a personas en situación migratoria irregular o que no cuentan conautorización para trabajar. Además, las fiscalizaciones nos han permitido detectar personas que ingresaron al país por pasos no habilitados y que no figuraban en ningún registro. Durante este año hemos identificado en la Región de Valparaíso a 809 personas que ingresaron por pasos no habilitados, lo que representa cerca del 10% del total nacional. Por lo tanto, estas fiscalizaciones son fundamentales, tanto para conocer la situación migratoria de las personas como para verificar si se encuentran trabajando con la autorización correspondiente o no.
Considerando que en la región se ha puesto un mayor énfasis en las fiscalizaciones y, además, cuenta con los puertos de San Antonio y Valparaíso, ¿cómo se desarrollan estos operativos?
Estos operativos se realizan de manera conjunta con distintas instituciones, entre ellas la Poli-cia de Investigaciones (PDI), Carabineros, el Servicio de Impuestos Internos (SII), la Dirección del Trabajo y el Servicio Nacional de Migraciones. En ese contexto, concurrimosa empresas, locales comerciales y distintos tipos de establecimientos para efectuar las fiscalizaciones. Alli se solicita la documentación relacionada con los contratos de trabajo y las cotizaciones previsionales, mate rias que revisa la Dirección del Trabajo. Por nuestra parte, verificamos si la persona extranjera cuenta con un permiso que la habilite para trabajar. Como he señalado, hoy en Chile es obligatorio contar con un permiso para poder desempeñar una actividad laboral.
¿Qué información ha permitido levantar estas fiscalizaciones sobre las personas migrantes en situación irregular en la región de Valparaíso?
En la región tenemos personas que se autodenuncian o que son detectadas durante las fiscalizaciones. La gran mayoría son de nacionalidad venezolana. En segundo lugar están los colombianos y también personas de República Dominicana. Esas son las tres nacionalidades que más se repiten, no sólo en la Región de Valparaíso, sino tambiéna nivel nacional. Lo que hacemos, básicamente, es identificar a estas personas para contar con un catastro que incluya su nombre, identidad y huellas digitales.
Cuando no tenemos esa información, perdemos el control de cuándo ingresan o salen del país osi, eventualmente, cometenun ilicito. Por eso es tan importante que las fiscalizaciones masivas que se están realizando a nivel nacional estén dando resultados, porque finalmente entregan mayor tranquilidada la ciudadanía.
¿Cómo ha variado el ingreso de personas por pasos no habilitados y qué panorama observan actualmente?
Por un lado, está el Plan Escudo Fronterizo en el norte, que ha permitido disminuir de manera muy significativa el ingreso de personas al pais. Hoy tenemos casi un 80% menos de ingresos que hace un año, principalmente porque se desplegó al Ejército en la frontera, se duplicó la dotación de militares y se reforzó la tecnología, que permiten detectar y detener a las personas que intentan ingresar por pasos no habilitados. Lo que hoy nos llama la atención es que cada vez. encontramos menos personas ingresando irregularmente en la frontera y más al interior del país. Durante las fiscalizaciones de tectamos personas que no aparecen en ningún registro y, al solicitarles su documentación, reconocen que ingresaron por un paso no habilitado. En ese contexto el gran desafío ahora es fiscalizar a quienes ya se encuentran al interior del país para poder identificarlos y contar con un catastro que permita saber quienes son, cuáles son sus edades, en qué rangos etariosse encuentran y si hay niños entre ellos.
¿Qué medidas adoptó el Servicio Nacional de Migraciones tras la investigación sobre el ingreso de niños haitianos al país?
Los niños en Chile tienen un estatus distinto al de los adultos y están especialmente resguardados por la ley. Por lo tanto, nuestra obligación también es saber si ese niño ingresó al país acompañado por su padre, su madre o un tutor legal. Toda la situación que se conoció respecto de los menores haitianos dejó en evidencia una serie de descoordina-ciones. Apenas tomamos conocimiento de ello, respondimosa la Contraloría en el plazo de un mes y, además, dictamos una nueva Circular N° 6, que modifica la forma en que ingresan los niñosal país.
¿De qué se trata esta nueva circular?
Esta medida será muy importante porque, al momento de otorgar una visa de reunificación familiar, ahora se deberá informar con quién viajará el menor, dónde residirá y cuál es el vinculo de parentesco con la persona que lo acompañará. Afortunadamente, muchos de esos niños fueron encontrados y eso nosda cierta tranquilidad. Sin embargo, eso no significa que una situación similar no pueda repetirse enelfuturoo que no haya ocurrido con otros niños que no forman parte del catastro revisado por la Contraloría. Lamayoríade los menores que fueron verificados se encontraba escolarizada, pero eso tampoco nos da plena tranquilidad respecto del resto.
No hay que olvidar que la revisión consideró una muestra de 105 niños, mientras que a Chile han ingresado más de 18 mil niños haitianos mediante reunificación familiar. Por eso, no queremos quedarnos con la sensación de que pueda haber otros menores cuyos derechos no estén siendo resguardados.
A ese caso se sumó una investigación por tráfico ilicito de migrantes y lavado de activos que dejó a dos personas de nacionalidad haitiana en prisión preventi-va. En ese contexto, ¿en quéha colaborado el servicio para estas investigaciones?
Desde 2023 existen ocho denuncias presentadas ante la Fiscalía relacionadas con estos hechos. A ellas nosotros sumamos una nueva denuncia a partir de los antecedentes entregadospor la Contraloría. Con el avance de la indagatoria se ha ido descubriendo que existe una organización que, en muchos casos, engañaba a las familias, les cobraba dinero o solicitaba autorizaciones para el ingreso masivo de niños, aún cuando sus padres no se encontraban en Chile o existían dudas respecto de la documentación presentada.
Expulsiones migratorias
Uno de los ejes del Gobierno ha sido reforzar la política de expulsiones de extranjeros en situación irregular. Sin embargo, persisteel debate sobre la diferencia entre lasórdenes de expulsión dictadas y las que efectivamente se concretan. ¿Cómo evalúa hoy el Servicio este proceso?
Hemos aumentado el número de expulsiones en comparación con administraciones anteriores, porque existe una decisión de avanzar en esta materia. Pero también hay un aspecto del que se habla poco: hemos impulsado las salidas voluntarias. Esto responde a que haypersonas que le gitimamente quieren abandonar el país y que, aun teniendo una orden de expulsión, optan por salir voluntariamente. Ellas financian su propio pasaje y el Servicio les entrega la documentación correspondiente, lo que permite concretar su salida sin costo para el Estado. Paralelamente, estamos utilizando todos los recursos que el Congreso aprobóel año pasado para ejecutar expulsiones, equivalentes a $4.000 millones. Aunque parece una cifra elevada, el costo de cada procedimiento también lo es: un pasaje puede costar cerca de $3 millones y, además, las personas deben ser escoltadas por dos funcionarios policiales, lo que limita la cantidad de expulsiones que se pueden realizar.
Gracias a estas medidas, este año ya llevamos 1.080 expulsiones, a las que se suman 4.100 salidas voluntarias. Como referencia, durante todo el año pasado se concretaron 1.260 expulsiones, por lo que esperamos superar esa cifra.
