Santiago, 27 de diciembre. Con el objetivo de optimizar los procedimientos de expulsión de extranjeros con órdenes vigentes, este miércoles 27 de diciembre se firmó el nuevo Protocolo de Expulsiones Administrativas, suscrito por las máximas autoridades de la Subsecretaría del Interior, el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería de Chile.
El Director Nacional del Servicio Nacional de Migraciones destacó la importancia de este protocolo dentro del trabajo desarrollado por el actual gobierno: “este protocolo establece mejores mecanismos de intercambio de información, agiliza los tiempos y prioriza los casos más críticos. Es parte de una estrategia integral para garantizar que las expulsiones sean más rápidas y efectivas, especialmente en casos que representan un peligro para la seguridad pública”.
Sobre esto último, el director Thayer señaló: “la priorización de expulsiones de personas con antecedentes penales va en línea con la Política Nacional contra el Crimen Organizado, y establece, además, que los operativos de búsqueda y captura de personas con órdenes de expulsión se enfoquen tanto en domicilios registrados como en zonas de alta complejidad delictual”.
En ese contexto, el ministro (s) Luis Cordero explicó que “luego de la modificación y de la publicación de la ley, ha sido necesario incorporar una serie de ajustes que van en tres órdenes: adecuaciones legales adicionales para permitir las notificaciones más expeditas, en segundo lugar, incorporar tecnología para poder integrar el funcionamiento de las instituciones, y en tercer lugar, aumentar las dotaciones, y particularmente la del Servicio de Migraciones, para poder llevar a cabo los procesos de expulsión”.
Por tanto, el nuevo protocolo regula el procedimiento en todas sus etapas, estableciendo plazos concretos, responsabilidades específicas y criterios de priorización que contribuirán a la seguridad. Según el Gobierno, este instrumento responde a la necesidad de mejorar la eficiencia en la ejecución de los decretos de expulsión, que han aumentado de 24.000 en 2022 a 30.000 en 2024. Asimismo, se han materializado 1.034 expulsiones administrativas entre 2022 y 2024; y 671 en 2024.
“La firma de este Protocolo, sumado a otras medidas tecnológicas y normativas, permitirá cerrar brechas y fortalecer las capacidades institucionales para ejecutar expulsiones administrativas de manera oportuna y estratégica”, cerró el director Thayer.
