El proyecto “Repositorio Archivo de Extranjería, Memoria y Derechos Humanos 1973-1990”, desarrollado por el Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG) con el apoyo de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y la colaboración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos (MMDH) y el Archivo Nacional de Chile, culminó el pasado mes de febrero con la entrega de documentación a embajadas y personas extranjeras afectadas por medidas administrativas de carácter político.
A lo largo de sus etapas, permitió identificar, describir y organizar la documentación administrativa que da cuenta del control, la represión y la sanción por motivos políticos de 201 personas extranjeras durante la dictadura civil-militar en Chile.
El repositorio, compuesto por más de 2.200 páginas de documentación administrativa y sus antecedentes, relativos a prohibiciones de ingreso, revocación de permisos de residencia, expulsiones, entre otras medidas, permitió evidenciar la lógica burocrática mediante la cual la administración migratoria fue instrumentalizada para fines de control y represión política.
“Este proyecto tiene la virtud de ser un aporte a la recuperación de la memoria institucional y, al mismo tiempo, una contribución importante a la memoria histórica de nuestro país. Es un proyecto que contribuye de manera significativa a reparar, en base a la información, a las familias de las víctimas extranjeras de la dictadura que tuvo lugar en Chile y a sus familias”, señaló el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer.
Con base en el principio de acceso y difusión, la última etapa del proyecto contempló la entrega directa de documentación a las personas o familiares identificados en ella, así como a los países de los cuales son nacionales. A través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se enviaron 29 Notas Verbales acompañadas de la documentación correspondiente; a la fecha, han respondido positivamente México, España, Sudáfrica y Noruega, valorando la iniciativa y comprometiendo acciones para entregar documentación a las personas y/o sus familiares.
Entre quienes han podido recibir directamente su documentación, la iniciativa ha sido valorada por el rol activo que el Estado puede desempeñar como forma de reparación simbólica y acceso a la verdad histórica. Vicente, periodista español expulsado el año 1976, señala: «recibir esta documentación supone la confirmación oficial de que aquella situación aberrante que mi esposa y yo vivimos en Chile, en septiembre de 1976, no fue una pesadilla sino una realidad”. Y agregó: “los casos de detención y expulsión de extranjeros tienen una importancia menor frente a las desapariciones de detenidos que siguen sin esclarecer, y a todos los grandes crímenes que han quedado sin el justo castigo. Pero no por ello habría que ignorarlos. Es una deuda política y moral del Estado chileno, una de las muchas pendientes».
Para la jefatura del Departamento de Estudios, a cargo de este proyecto, resulta especialmente significativo realizar la entrega de documentación que de otro modo permanecería invisible para las personas que aparecen en ella. «Realizar un gesto activo desde las instituciones del Estado, acercando la documentación a las personas y a sus países de origen, es innovar en la forma en que el Estado de Chile se ha vinculado históricamente con su pasado dictatorial. Eso ha sido muy valorado por quienes han podido acceder a su documentación», señalaron.
Este proyecto ha sido también destacado en el último Informe Anual 2025: Situación de los Derechos Humanos en Chile, elaborado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). En su capítulo “Derecho a la verdad y acceso a archivos que documentan violaciones a los Derechos Humanos de la Dictadura”.
“Desde el punto de vista de la reparación, los archivos permiten a las familias acceder a información sobre sus seres queridos, rompiendo décadas de silencio. Finalmente, en una dimensión social y de compromiso democrático, estos archivos garantizan que la memoria sobre lo ocurrido no quede oculta, promoviendo la educación en derechos humanos y la no repetición”, declararon desde el INDH.
